La Vía Campesina responde a los supuestos planes de la OMC para establecer un “Consejo de la Sociedad Civil”

29 mayo 2023 Documentos claves (Tratados de Libre Comercio), Organización Mundial del Comercio

La Vía Campesina ha recibido una solicitud para participar en un “consejo” de la sociedad civil ante el ejecutivo de la OMC. Tras considerarlo detenidamente, hemos decidido declinar esta invitación. Con esta carta abierta, nos gustaría explicar por qué creemos que es imposible reformar la OMC de una manera que sea favorable para lxs agricultorxs y, más en general, para los intereses de las personas.

Desde 1995, el objetivo de la OMC es facilitar y aumentar la participación del comercio internacional en la producción y el consumo mundial. En comparación con el GATT, uno de los principales cambios que ha traído consigo la creación de la OMC ha sido la integración de la agricultura en esta lógica de libre comercio generalizado.

Ya en 1993, La Vía Campesina, como movimiento campesino mundial, se creó contra esta lógica de globalización y mercantilización de la agricultura y la alimentación. Los principios de la ideología del libre mercado y los marcos jurídicos que han regido el comercio internacional en las tres últimas décadas tienen profundas raíces en la historia del colonialismo. La gran mayoría de las organizaciones campesinas del mundo tenían claro que dar prioridad al comercio internacional sobre la producción agrícola para las poblaciones locales no haría sino acentuar la marginación de las poblaciones campesinas, agravar el hambre en el mundo y aumentar el poder de las empresas multinacionales. El Acuerdo sobre la Agricultura, que entró en vigor en 1995, es tan injusto que desde entonces no se ha vuelto a alcanzar ningún acuerdo entre los Estados miembros de la OMC en materia de agricultura. Como dice el título del libro del difunto Jacques Berthelot, “la agricultura es el talón de Aquiles de la globalización” y, por tanto, el eterno talón de Aquiles de la OMC.

Este año, en 2023, conmemoramos el 20 aniversario de la trágica muerte de nuestro hermano, amigo y camarada Lee Kyung Hae, de Corea del Sur, que dio su vida en Cancún en 2003 para denunciar a la OMC. En su memoria, pedimos el fin de la OMC y un nuevo marco para un comercio internacional justo basado en la soberanía alimentaria.

Un Acuerdo sobre Agricultura injusto

El Acuerdo sobre la Agricultura (AA) es fundamentalmente injusto. Es el resultado directo del Acuerdo de Blair House de 1992 entre Estados Unidos y la Unión Europea, que establece una estrategia común de estos dos actores en detrimento de los demás Estados del mundo, y en particular contra los intereses de los países del Sur. Las subvenciones a la exportación se limitan en principio (aunque en realidad siguen existiendo a través de diversos mecanismos), pero se sustituyen por ayudas directas de Estados Unidos y la UE a lxs agricultorxs. Sin embargo, estas ayudas directas, cuya finalidad es precisamente mantener la competitividad de la producción estadounidense y europea en los mercados internacionales, se clasifican en la “caja verde” de las denominadas ayudas “no distorsionantes”. La mayoría de los países del Sur no tienen capacidad presupuestaria para distribuir tales niveles de ayuda pública a lxs agricultorxs: la caja verde está reservada a los países ricos que controlan la producción monetaria internacional. Por el contrario, las herramientas de regulación de los mercados y, en particular, las medidas de apoyo a los precios agrícolas (aranceles, mecanismos de gestión de la oferta, precios mínimos de intervención, existencias públicas, etc.), más accesibles a los países pobres, se clasifican en la caja ámbar y son, por tanto, objeto de fuertes recortes. El Acuerdo sobre la Agricultura es un acuerdo hecho a medida para Estados Unidos y la UE, en contra de los países del Sur. Los países africanos, asiáticos y latinoamericanos tienen muy buenas razones para denunciar este acuerdo injusto.

Desde el punto de vista de lxs campesinxs del Sur y del Norte, este acuerdo ha tenido consecuencias desastrosas, como predijimos en 1993. En todo el mundo, el peso de las empresas multinacionales ha aumentado y han conseguido incrementar sus márgenes en detrimento de lxs campesinxs, que sólo han recibido una mínima parte del valor de su producción. En el Sur, estas empresas también han acaparado cada vez más tierras, fuentes de agua y semillas, en detrimento de las comunidades campesinas y a menudo de forma violenta, basándose en los acuerdos de la OMC, pero también en los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial. En el Norte, lxs agricultorxs de las pequeñas y medianas explotaciones han recibido pocas o ninguna ayuda directa (el 80% de las explotaciones de la UE tienen menos de 10 hectáreas), pero han sufrido la caída y la volatilidad de los precios agrícolas tras el desmantelamiento de las herramientas de regulación del mercado (el fin de las cuotas lecheras, por ejemplo). Entraron en competencia con grandes explotaciones que recibían decenas de miles de dólares o euros en subvenciones públicas.

En términos más generales, el Acuerdo sobre la Agricultura ha sido un desastre para las personas y el medio ambiente. 

Las cadenas alimentarias se han globalizado: cuando se producen grandes sacudidas en los mercados internacionales y los precios se disparan con la especulación financiera, los países endeudados que se han vuelto dependientes de las importaciones para alimentar a su población son extremadamente vulnerables, como vimos en el momento de la crisis de 2008, pero también actualmente. Así, lejos de las declaraciones de la cumbre alimentaria de 1996 que prometían acabar con el hambre a través del comercio internacional, está ocurriendo lo contrario. El hambre aumenta, alimentada por la pobreza y la desigualdad social. Las poblaciones rurales son expulsadas de sus territorios por el acaparamiento de tierras y la falta de ingresos agrícolas y emigran a las ciudades o a los países vecinos. Los países agrarios se empobrecen. Los grandes monocultivos industriales destinados a la exportación sustituyen a los diversos métodos agrícolas mixtos que solían producir alimentos para las poblaciones locales. Los pesticidas, los fertilizantes sintéticos y las semillas transgénicas proliferan y contaminan el agua, el suelo y el aire, afectando gravemente a la salud de las poblaciones rurales.

Este es el resultado de casi 30 años del Acuerdo sobre Agricultura: desiertos verdes, hambre y un campo moribundo.

La Vía Campesina lucha por la soberanía alimentaria

Por el contrario, desde 1996 afirmamos la necesidad de construir y defender la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a decidir sobre sus políticas agrícolas y alimentarias, sin “dumping” sobre otros pueblos.

La soberanía alimentaria incluye el derecho de los pueblos, y por tanto de los Estados, a distribuir los derechos de uso de la tierra y del agua no según la llamada “ley del mercado”, sino según el interés general. Incluye el derecho de los Estados a poner en marcha políticas públicas que regulen el mercado para garantizar una producción agrícola acorde con las necesidades de la población y a precios estables. Considera la importancia de los métodos de producción, y en particular de la agroecología, para proteger la salud de los territorios y las poblaciones. Da prioridad a la producción y el consumo locales de alimentos, no a la exportación de productos agrícolas. Pone en el centro a las personas, especialmente a los pequeños productores de alimentos, y más concretamente a las mujeres y a los jovenes, en lugar de los intereses de las empresas multinacionales y los agentes financieros. 

Durante años, hemos visto que la OMC sigue siendo un poderoso instrumento para la destrucción de la soberanía alimentaria de los países. La OMC es utilizada por los Estados ricos y agroexportadores para denunciar y criminalizar las políticas que pretenden apoyar la agricultura campesina, regular los mercados agrícolas y estabilizar los precios de los alimentos para la población. Por ejemplo, la denuncia constante a través de la OMC del almacenamiento público es una vergüenza. En marzo de 2022, tuvimos acceso a documentos de la OMC que contenían amenazas de utilizar el órgano de solución de diferencias contra Egipto, que expresó la necesidad imperiosa de aumentar sus existencias públicas para garantizar la alimentación de su población ante la repentina subida de los precios en los mercados internacionales. Del mismo modo, el grupo de países africanos, India, China, Sudáfrica, el G33 y el grupo ACP llevan muchos años expresando la necesidad de permitir el almacenamiento público para apoyar su producción local de alimentos y luchar contra el hambre, y no se les escucha.

La soberanía alimentaria no es compatible con el Acuerdo sobre la Agricultura, ni con los propios principios de la OMC. Por eso siempre hemos denunciado el Acuerdo sobre la Agricultura y hemos dicho “Abajo la OMC”.