A casi dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Via-info-es

23 Nov 2018


      A CASI DOS AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO
COLOMBIANO Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
23 noviembre 2018 América del Sur [1], Derechos de las campesinas y
campesinos [2], Soberanía alimentaria [3], Tierra, Agua y Territorios
[4]
COMUNICADO DE PRENSA| LA VÍA CAMPESINA
(24 noviembre 2018) Como es de conocimiento, el gobierno de Juan Manuel
Santos, en nombre del Estado Colombiano, por una parte, y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC (hoy convertidas en partido
político legal) firmaron  el 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, un ACUERDO DE PAZ
PARA PONER FIN A UN CONFLICTO ARMADO QUE POR MÁS DE 50 AÑOs HABÍA
DESANGRADO AL PUEBLO COLOMBIANO, dejando profundas secuelas económicas,
sociales y políticas, y creando una dolorosa ruptura en el tejido
social, en la convivencia y unidad de las familias y la sociedad
colombiana.
LA VÍA CAMPESINA, organización que agrupa a unos 200 millones de
campesinas y campesinos del mundo entero, y que participa como UNA DE
LAS ORGANIZACIONES GARANTES DEL PROCESO DE PAZ a solicitud de las partes
involucradas, ve con PROFUNDA PREOCUPACIÓN como a dos años de la firma
del  _Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera_, sus puntos fundamentales han sido
modificados en sus partes esenciales por los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial del estado colombiano.
Así por ejemplo el PUNTO 1 denominado Reforma Rural Integral (RRI):
Hacía un nuevo campo colombiano, que contempla la realización de un
catastro rural durante los próximos diez años para esclarecer el origen
de la propiedad de las tierras…Crear un fondo de tierras de tres
millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con tierra
insuficiente…Formalización masiva de la propiedad rural sobre 7 millones
de hectáreas mediante la clarificación de títulos y escrituras, para un
total de 10 millones de hectáreas se encuentra prácticamente en total
incumplimiento.
En el caso del PUNTO 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas,
otro punto vital para el campo colombiano y para las comunidades
rurales, y que contempla compromisos como los planes integrales, la
erradicación voluntaria, la participación de gobiernos locales y
departamentales, así como la financiación por parte del estado de los
proyecto y programas de sustitución, todo esto con la participación y
concertación con las comunidades. Acuerdo este que ha sido incumplido y
reemplazado por la criminalización, la judicialización, y penalización
que ya venía imponiendo el gobierno anterior del señor Juan Manuel
Santos, agravado ahora por las medidas del nuevo presidente Iván Duque,
quien ha tomado la determinación de imponer prioritariamente la
erradicación forzada, y la fumigación por vía aérea con glifosato
trayendo graves consecuencias para la salud humana, la flora y la fauna,
dándole además, tratamiento militar, penal y judicial a un problema que
es eminentemente de carácter social y económico.
Aspectos fundamentales como la JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)
fueron modificados por las distintas ramas del poder en aspectos
esenciales, como haber eliminado la obligación de los terceros para
declarar en indagatoria, lo que no solamente priva a la sociedad de
conocer la participación real de multinacionales, pero también de
nacionales vinculados a la banca, el latifundio ganadero, la
Agro-industria, el Comercio, funcionarios y personal civil
pertenecientes al estado colombiano en la organización, financiación y
apoyo a grupos paramilitares, y otras estructuras y organizaciones que
participaron en el largo conflicto armado. Como si esto fuera poco la
JEP ha sufrido una nueva mutilación en sus órganos vitales al quitarle
prácticamente la facultad de indagatoriar y juzgar a los militares, con
la creación de 14 nuevos magistrados que asumirán esta función lo que
indudablemente creará un nuevo manto de impunidad y de inmunidad para
los militares, y  vulnerando, aún más, el derecho de las victimas a la
verdad, la justicia, reparación y no repetición; a conocer la suerte que
corrieron sus familiares torturados, asesinados o desaparecidos, el
nombre y la responsabilidad de sus ejecutores intelectuales y
materiales, lo que dificulta seriamente el trabajo de la JEP, de la
Comisión de la Verdad, y de la Comisión de Búsqueda de los
Desaparecidos, esto es mucho más grave si se considera que las víctimas
fueron el foco y centro de atención en el acuerdo de Paz.
Pero las victimas no solamente vieron burlados sus derechos en este
punto, también les fueron burlados sus derechos a 16 curules en el
congreso como estaba estipulado en el acuerdo y que fueron negadas por
el congreso colombiano.
La reforma política contemplada en la firma del acuerdo hace parte
igualmente de los puntos incumplidos por el gobierno y el estado
colombiano.
Con relación a la REINCORPORACIÓN DE LOS EXCOMBATIENTES de las FARC, el
acuerdo de paz contempla el compromiso de financiar por cada
excombatiente un monto de 12 millones de pesos para proyectos
productivos, lo mismo la garantía de construcción y reparación de vías
de transporte, y otros servicios básicos como vivienda, salud, formación
y educación, obligación que tampoco está cumpliendo el estado
colombiano.
Lo más grave e indignante es que una vez firmado el acuerdo se ha
desatado una imparable  ola criminal de exterminio contra los
excombatientes de las FARC y sus familiares, así como de dirigentes y
activistas de izquierda, defensores de derechos humanos, ambientalistas,
campesinos, estudiantes, indígenas y afrodescendientes, que nos recuerda
la época tenebrosa del exterminio de la Unión Patriótica, sin que el
estado asuma el compromiso adquirido de combatir, desmontar y someter
judicialmente al paramilitarismo. Una escala más en el exterminio ha
sido denunciada recientemente por la Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común al anunciar la elaboración de  un nuevo plan criminal contra
sus dirigentes, activistas y afiliados, según voceros de la policía
colombiana.
En reiteradas ocasiones el Centro Democrático y el Presidente Colombiano
Iván Duque han expresado públicamente, en algunos casos,  su deseo de
hacer trizas el acuerdo de Paz, en otros casos de hacerle profundas
revisiones y reformas.
Hemos visto de primera mano - tanto en nuestra Primera (2016) como
Segunda (2017) Mision Internacional de Solidaridad con Colombia - los
desafíos para la paz en ese país, la visión de los y las campesinos en
sus territorios y la necesidad de justicia ambiental como condición de
la justicia social. Comprometidas con la paz y nuestro rol de garante,
estaremos organizarando nuestra Tercera Mision Internacional de
Solidaridad en 2019 con ansias de encontrar un pueblo y gobierno
avanzando hacia ese paz estable y duradera.
Por todo lo anterior La Via Campesina llama al pueblo colombiano,  a
todas sus organizaciones en el mundo, así como a la comunidad
internacional, a las Naciones Unidas, la FAO, la OIT, a la Unión
Europea, a los Países  no Alineados, a Gobiernos, Organizaciones y
personalidades a levantar su voz y exigir el cumplimiento irrestricto
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera sin más reformas y dilaciones.
PARA ENTREVISTAS Y MÁS INFORMACIÓN:
Nury Martinez |Fensuagro Colombia| +57 310 772 0098 | nury254@gmail.com
Federico Pacheco | ECVC Europa - Misión de Solidaridad LVC |+34 690 651
046 | pachecofederico@yahoo.es
Veronique Leon|ECVC Europa - Misión de Solidaridad LVC | +33 622 161 399
| verobique@gmail.com
Links:
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[1] https://viacampesina.org/es/quienes-somos/regiones/america-del-sur/
[2]
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/derechos-de-las-campesinas-y-ca...
[3] https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/soberania-alimentaria/
[4]
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/tierra-agua-y-territorios/